Como parece que al gobierno y sus secuaces no les gusta nada eso de que los jueces se empeñen en cumplir la ley, y por tanto se nieguen a condenar las páginas de enlaces y descargas, se les ha ocurrido la idea definitiva: cambiar la ley para que sea una comisión y no un juez quien decida sobre la desconexión de sitios web.

Esta inteligente maniobra política pone de manifiesto las que son, a mi parecer, las principales líneas de acción legislativa de nuestro gobierno: ocuparse de problemas que no importan a nadie y, sobre todo, crear comisiones. También pone de relieve esa impecable separación de poderes¹ de la que goza nuestro país: el poder ejecutivo hace las veces de legislativo y ahora también de judicial. Por último, nos deja a todos más claro que nunca para quién gobierna el gobierno.

A la larga, una ley de estas características nos deja a todos indefensos ante el arbitrario e indocumentado criterio de una comisión dirigida por los intereses de una industria que agoniza, totalmente fuera del control judicial y democrático. Lo que realmente me preocupa es que, a la larga, esta ley se acabe utilizando para censurar opiniones críticas con esta industria o con el gobierno. Y dado su historial, me quedan pocas dudas de que será así.

El resto me importa poco: siempre habrá una forma de descargar, siempre habrá una manera de escapar a cualquier control o restricción que quieran imponernos, siempre habrá una forma de acceder al contenido que quieran censurar. Y si todo eso deja de existir, simplemente dejaré abierta una conexión inalámbrica para que quien quiera se descargue la música de mi disco duro. Y eso sí, pase lo que pase, para mí este gobierno siempre será el que asestó el golpe definitivo a la libertad en Internet, y votaré en consecuencia.

Por lo demás, sólo puedo manifestar mi total adhesión a lo siguiente:

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Actualización: recomiendo la lectura de esta entrevista a David Bravo.

1: No es una casualidad que casi ninguna persona educada en España comprenda la diferencia entre el poder ejecutivo y el poder legislativo.